La exparticipante de Gran Hermano quedó envuelta en una controversia por la difusión de un documento de discapacidad atribuido a su nombre. El certificado tendría fecha de 2018, cuando su expareja Walter Festa gobernaba Moreno.

Romina Uhrig, exdiputada kirchnerista y exparticipante de Gran Hermano, quedó en el centro de una polémica luego de que circulara un supuesto Certificado Único de Discapacidad (CUD) a su nombre, cuya autenticidad fue puesta en duda.

Según las versiones difundidas, el documento habría sido emitido el 19 de septiembre de 2018, durante el período en el que Walter Festa, entonces pareja de Uhrig, se desempeñaba como intendente de Moreno.

Las sospechas sobre el certificado

La controversia comenzó cuando trascendió que la exlegisladora presuntamente contaba con documentación que le permitiría acceder a beneficios destinados a personas con discapacidad, como exenciones de peajes y facilidades para estacionar.

Sin embargo, no se comprobó públicamente que el certificado fuera auténtico ni que Uhrig lo hubiera utilizado para obtener esos beneficios.

Además, surgieron versiones que indican que la imagen difundida podría corresponder a un documento alterado, lo que mantiene abierta la discusión sobre su procedencia.

Romina Uhrig negó las acusaciones

Ante la repercusión del caso, Uhrig salió a desmentir las versiones y aseguró que no utiliza certificados de discapacidad para evitar pagar peajes ni para estacionar en espacios reservados.

La exdiputada también compartió un comprobante de pago como parte de su descargo y cuestionó la información que circuló sobre ella.

El caso reavivó la discusión sobre los controles de discapacidad

La polémica se produjo en medio del debate sobre las irregularidades detectadas en el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral.

Investigaciones periodísticas y denuncias judiciales anteriores expusieron casos de documentación médica presuntamente adulterada y posibles maniobras fraudulentas para acceder a prestaciones estatales.

Aunque el episodio de Uhrig no demuestra que haya cobrado una pensión irregular, volvió a poner en discusión los controles sobre la emisión y utilización de certificados de discapacidad.

Por el momento, las acusaciones contra la exdiputada siguen sin una comprobación pública concluyente sobre la autenticidad y el uso del documento difundido.