Los recursos destinados por ley a combatir inundaciones están siendo desviados hacia el financiamiento general del Tesoro, en lugar de ejecutarse en obras de contención y prevención. Esta situación pone en evidencia la distancia entre las intenciones legislativas y la realidad presupuestaria.

La disponibilidad de fondos no es el problema. El inconveniente radica en la falta de voluntad política para utilizarlos conforme a lo establecido en la normativa vigente. Así lo reflejan análisis que examinan el destino efectivo de estos recursos en los últimos períodos.

Especialistas señalan que esta práctica responde a presiones fiscales más amplias que llevan a reasignar fondos originalmente etiquetados. Lo que debería traducirse en infraestructuras concretas de mitigación de riesgos termina canalizándose hacia otras partidas presupuestarias.

La consecuencia es evidente: existe un «superávit de maquillaje», es decir, una apariencia de gestión sin respaldo en hechos concretos, mientras se profundiza el «déficit de obras» que la población requiere. Los anuncios y las comunicaciones oficiales no encuentran correlato en proyectos ejecutados sobre el terreno.

Este fenómeno afecta directamente a las regiones más vulnerables a eventos climáticos extremos. Las inundaciones continúan siendo una amenaza periódica para comunidades, infraestructura y actividades económicas. Sin embargo, la falta de ejecución de obras preventivas deja estos territorios expuestos.

La cuestión también plantea interrogantes sobre la gobernanza institucional y cómo se priorizan los gastos públicos en contextos de restricción fiscal. Cuando fondos etiquetados para un fin específico son redireccionados, se genera un vacío en políticas preventivas que debería estar siendo implementadas. La brecha entre lo normativo y lo ejecutivo permanece como un desafío sin resolver en la agenda pública.

Imagen: RDNE Stock project / Pexels – Con informacion de Clarín Rural