La medida permitirá que las provincias que adhieran puedan inhabilitar los celulares activados dentro de sus cárceles, con el objetivo de impedir que sean utilizados para organizar o coordinar delitos desde prisión.

El Gobierno nacional amplió a las cárceles provinciales el procedimiento que permite bloquear los teléfonos celulares activados dentro de establecimientos penitenciarios. Hasta ahora, el mecanismo estaba habilitado para las unidades federales. 

La medida alcanzará a aquellas provincias que adhieran al protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una vez detectado un dispositivo, las compañías de telefonía deberán bloquear el equipo, la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada, a partir de una solicitud expresa de esa cartera. 

El objetivo es evitar que los celulares ingresados y utilizados dentro de los penales sirvan para planificar o coordinar maniobras delictivas desde las cárceles. Los pedidos realizados por las provincias serán canalizados a las empresas a través del Ministerio de Seguridad nacional. 

La normativa también establece que el sistema deberá funcionar sin afectar las comunicaciones fuera de los establecimientos penitenciarios y obliga a las compañías a mantener un registro de cada bloqueo realizado.