La medida de fuerza impulsada por CTERA provocó una adhesión fragmentada en las escuelas de la Ciudad y del conurbano bonaerense. Mientras algunos establecimientos suspendieron sus actividades, otros optaron por mantener su funcionamiento, generando un panorama heterogéneo en el sector educativo.

Paralelamente, se registraron indicaciones a nivel institucional para que no se suministrara información a los inspectores nacionales, en un contexto donde el Gobierno impulsa operativos de supervisión exhaustivos. Estos relevamientos apuntan a verificar que se respete el piso mínimo del 75% de asistencia del personal en las aulas.

El dispositivo de inspección nacional es parte de la estrategia oficial para monitorear el cumplimiento de servicios educativos esenciales durante períodos de conflictividad laboral. Desde la cartera nacional, la intención es constatar que los establecimientos mantengan niveles aceptables de funcionamiento incluso durante paros.

La negativa de algunos sectores a colaborar con los inspectores representa un acto de desafío a las políticas de control estatal. Esto refleja las tensiones subyacentes entre el sector docente, sus organizaciones gremiales y las autoridades del Gobierno nacional en materia educativa.

La disparidad en el acatamiento también revela diferencias de criterio entre las autoridades provinciales y locales respecto a cómo gestionar el conflicto. Algunas jurisdicciones mostraron mayor apertura a que las escuelas funcionaran de manera limitada, mientras que otras priorizaron el apoyo a la medida de protesta.

Para las familias, esta situación representó incertidumbre respecto a si deberían enviar a sus hijos a las escuelas o no, ya que la información disponible sobre el estado de cada institución no fue uniforme ni clara en todos los casos.

Imagen: Yeşim Çolak / Pexels – Con informacion de Clarín