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Según sostuvo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, al presentar el proyecto “el Congreso va a tener una misión histórica”. La ministra afirmó que el Código Penal vigente “está pensado para 1921, donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían” y que, con el paso de las décadas, “ha tenido un montón de modificaciones, de parches”. 

El Gobierno nacional presentó un proyecto integral de reforma del Código Penal que endurece penas, limita beneficios y busca redefinir la protección a víctimas, menores y funcionarios públicos. La iniciativa, anunciada por Patricia Bullrich en Casa Rosada y enviada al Congreso, propone modernizar un sistema vigente desde 1921 y, según la ex ministra, “dar vuelta una realidad donde los favorecidos eran los delincuentes”. El texto incluye cambios estructurales en escalas penales, ejecución de condenas y participación activa de las víctimas.

Entre los ejes centrales se destacan el aumento de penas para homicidios y delitos violentos, la ampliación de figuras agravadas y la restricción de beneficios como salidas transitorias, que deberán notificarse previamente a las víctimas. El proyecto refuerza la protección de grupos vulnerables y de funcionarios en ejercicio. También endurece las sanciones para robos con violencia, narcotráfico, trata de personas y secuestros extorsivos, en línea con el enfoque oficial de que “todo delito importa”.

La iniciativa declara imprescriptibles delitos graves como homicidio agravado, abuso sexual, trata, terrorismo y corrupción de menores, con el argumento de que muchas víctimas, especialmente de abuso infantil, denuncian décadas después. Además, redefine la legítima defensa al priorizar la situación de quien es atacado, incluso cuando el agresor utilice armas de utilería. En materia vial, incorpora la figura de conducción imprudente y eleva las penas por negligencia al volante, atendiendo a reclamos históricos de organizaciones civiles.

Otro punto relevante es el endurecimiento de las penas por corrupción pública, que pasarán a ser consideradas “graves y gravísimas”, bajo el principio de que los funcionarios deben afrontar un estándar más alto de responsabilidad. El proyecto también busca unificar criterios en todo el país para evitar diferencias entre provincias al ejecutar condenas o otorgar beneficios. La Casa Rosada espera que el debate legislativo marque uno de los grandes ejes del año y defina si el Congreso acompaña una transformación que aspira a reordenar el sistema penal argentino.